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Procesan a tres ingenieros por el apagón de 1999


Argentina

Diario Clarín PUBLICADO
6/3/2002

ACUSADOS DE COMETER "ESTRAGO CULPOSO"

Son jefes de áreas técnicas de tres empresas. En febrero de ese año 600.000 porteños se quedaron sin luz. El gigantesco apagón duró 11 días.

Tres ingenieros de diferentes empresas relacionadas con el servicio eléctrico de Buenos Aires fueron procesados por el histórico apagón que sufrieron los porteños en el verano de 1999. Son ex jefes de áreas técnicas de Edesur y de otras dos firmas multinacionales a las que esa compañía había subcontratado.

La medida la tomó la jueza federal María Servini de Cubría y ya fue apelada ante la Cámara, informaron a Clarín fuentes judiciales. El delito por el que procesó a los profesionales es el de estrago culposo, que se castiga con penas que van de un mes a un año de prisión.

Es la misma figura que se usó, por ejemplo, para procesar a los responsables del accidente del avión de LAPA que mató a 67 personas, hace tres años. Los tres ingenieros están acusados de haber actuado con impericia y haber dejado así a oscuras a unos 600.000 porteños. Se trata de Alberto Pan, que estaba a cargo del Departamento de Obras de Edesur; Reynaldo Kollan, de Alstom Argentina, y Daniel Giacchio, director de Calidad de Pirelli.

Los procesamientos se produjeron más de un año después de que Servini de Cubría tomó los interrogatorios. En la misma resolución, la jueza dictó sobre otro ingeniero de Edesur una falta de mérito, medida que indica que no tuvo pruebas suficientes para procesarlo ni para desligarlo definitivamente de la investigación. Y sobre Juan Legisa, el funcionario público que tenía la misión de controlar los servicios eléctricos, recayó un sobreseimiento que, como no fue apelado, quedó firme.

Todos eran parte de varias causas que se iniciaron en febrero de 1998. A mediados de ese mes, 150.000 hogares de diez barrios del sur de la ciudad -Balvanera, Parque Patricios, Monserrat- se quedaron sin luz. Media Buenos Aires fue un caos de once días sin semáforos, ascensores ni agua corriente en pleno verano.

El problema técnico se produjo en una subestación de San Telmo. Aunque Edesur empezó prometiendo soluciones rápidas, al octavo día del apagón tuvo que admitir que no sabía cuándo iba a poder restablecer el servicio. También cruzó acusaciones con su proveedora, la francesa Alstom, y una empresa a su vez contratada por ésta, la italiana Pirelli.

Los clientes se quejaron ante la propia empresa y ante el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). Se abrieron así varias causas judiciales: la denuncia por el delito de estrago contra Edesur; otra por incumplimiento de sus deberes contra los funcionarios del Enre y de la Secretaría de Energía, y una más en la Justicia civil federal, también contra la compañía eléctrica.

Edesur enseguida les ofreció a los damnificados una indemnización: 600 pesos. Algunos aceptaron ese dinero seguro y otros prefirieron presentar demandas individuales por montos mucho más altos. Pero los que se inclinaron por esta segunda posibilidad lo hicieron con una ventaja: un novedoso fallo del juez federal civil Juan Francisco Soto determinó que en todas esas causas los daños provocados por la empresa se iban a dar por probados; que no iba a hacer falta aportar pruebas para verificar lo mismo en cada caso.

El expediente por el que ahora se dictaron los procesamientos de los tres ingenieros corresponden, en cambio, al ámbito penal. Las fuentes judiciales precisaron que la jueza Servini se basó fundamentalmente en pericias hechas por expertos de Gendarmería con material secuestrado en la misma subestación de San Telmo.

La responsabilidad del entonces ingeniero de Edesur se vincula directamente con el mal estado de los sistemas que colapsaron. Alstom es la empresa que había equipado esa subestación. Y Pirelli, la que aportó los cables que se incendiaron.

La decisión de Servini implica que los empleados de las compañías son los únicos que merecen ir a juicio oral por el apagón de hace tres años. Ninguna responsabilidad les cabe -siempre a criterio de la jueza- a los funcionarios oficiales denunciados por controlar deficientemente a las empresas: Legisa, aún presidente del directorio del Enre, ni a César Mac Karthy, secretario de Energía en febrero de 1999. Ambos quedaron sobreseídos.

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